Antecedentes
Los términos “código de conducta parlamentaria” y “código de ética parlamentaria” son dos términos que a menudo se usan indistintamente, cuando, de hecho, cada uno de ellos es muy diferente.
Los códigos de conducta parlamentaria tienden a ser documentos oficiales que reglamentan la conducta de los legisladores estableciendo qué se considera una conducta aceptable y qué no. El código promueve una cultura política que hace considerable énfasis en el decoro, corrección, transparencia, y honestidad en la conducta de
los parlamentarios. La ética parlamentaria, por otra parte, formula principios amplios
de conducta pero no define lo que es apropiado y lo que es inapropiado y no establece sanciones para violaciones del código.
Una serie de organizaciones que colaboran con la GOPAC han hecho estudios completos de los códigos de conducta. El Instituto del Banco Mundial, Fundación Westminster, Asociación Parlamentaria del Commonwealth y el PNUD han examinado los diversos tipos y tipologías de códigos de conducta adoptados en el mundo.
Grupo de Trabajo Mundial
Enlaces relacionados |
 ARPAC |
La principal preocupación de los miembros de la GOPAC que promovieron la medida de un código de conducta, y redactaron y aprobaron la resolución de Arusha, fue el bajo nivel de confianza pública en los representantes parlamentarios, lo que a su vez reduce la credibilidad en la capacidad de los parlamentarios para realizar una fiscalización legislativa eficaz y, por supuesto, de poder llevar a cabo su labor de representantes. Por lo tanto, plantearon un enfoque que no sólo fortalece la ética parlamentaria, sino que además intenta reforzar la credibilidad pública en el desempeño de sus roles claves de gobernabilidad.
Este proyecto tiene el propósito de proveer a los parlamentarios y funcionarios públicos herramientas y medios concretos sobre normas de conducta y conflicto de intereses para elaborar y reforzar regímenes de ética legislativa basados en los principios de transparencia, rendición de cuentas e integridad. Estas herramientas y normas son cruciales no sólo para promover la confianza pública en el Parlamento y sus miembros así como en los funcionarios públicos en general sino también para mejorar la percepción pública de éstos.
|
